En la Defensoría del Pueblo se registra a lo largo del año una denuncia diaria por multas truchas, fotomultas mal realizadas o pedidos de asesoramientos por temas similares. En las últimas semanas de diciembre y en lo que va de este 2013 se triplicaron. En su mayoría son por infracciones de vecinos de Paraná que supuestamente se cometieron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los que ahora también se suman por los menos 50 de Diamante, tal como señaló Uno en su edición de ayer.
Esta situación, más allá de sus particularidades, se repiten con frecuencia: llegan a los domicilios avisos de pagos por hechos que nunca se cometieron o dónde fallaron los procedimientos correspondientes en las rutas.
Entre ellas, la más común es la aplicación de fotomultas; un tema que genera polémicas en el ámbito provincial desde el inicio de su implementación.
En Entre Ríos hay detectados cruces y tramos peligrosos donde están instalados los equipos móviles con radares que son reubicados según las estadísticas de accidentes lo indican. Estos son cinco y le permiten a la Policía direccionarlos hacia esas zonas. Pero el movimiento del tránsito crece durante el verano y con él, las supuestas infracciones registradas por una cámara.
La situación generó el rechazo, en su momento, de numerosos sectores del turismo ante la llegada a la provincia de visitantes de otros lugares que se vieron perjudicados.
De todos modos, no solo se afecta al que viene de visita, sino también a los propios entrerrianos. Esto no significa que siempre esté mal hecha la multa: hay veces que se aplica en forma correcta, pero hay otras en que las faltas no fueron cometidas o hay errores en los procedimientos que no permiten una defensa concreta del que las cometió.
Para estos casos hay dos procedimientos diferentes que se realizan en la Defensoría del Pueblo. Uno es para aquellas fotomultas que llegan por supuestas infracciones en territorio entrerriano y otras para cuando ocurre en rutas por fuera de la provincia y permiten resolver de forma favorable la situación, la mayoría de las veces, para el damnificado.
Cuando se dan en la provincia
Cuando una multa llega a un domicilio meses después y el que la cometió o supuestamente lo hizo, no fue notificado en la misma ruta, debe dirigirse a la Defensoría del Pueblo. Es la encargada de asesorar y ayudar en estas situaciones.
Para estos casos hay pasos que se deben cumplir. En primer lugar el organismo sugiere como alternativa no abonar el monto exigido y realizar un descargo.
“Estamos hablando de una multa donde no se firma el acta. Donde hay un funcionario que labra el acta en la ruta es otra situación. Cuando no es así y la notificación llega meses después, lo que vemos es que el derecho es vulnerado”, dijo a UNO María Nazarena Rau, delegada del Defensor del Pueblo de la Nación en Entre Ríos.
Según detalló, lo que se hace ante esa primera notificación es plantear un descargo. “Se le facilita al vecino un modelo sencillo de completar con campos en amarillo y se envía como carta documento o carta certificada con acuse de recibo. Se trata en primer lugar que se ejerza el derecho de defensa. De no hacerlo continúa el tramite administrativo sin la intervención del ciudadano”, dijo Rau.
Continua en parte II
